El Poder Judicial toma una decisión crucial

En una victoria para la conservación ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, el 4° Juzgado Constitucional de Lima ha emitido una medida cautelar ordenando la suspensión temporal de la construcción de la Carretera LO 105 Jenaro Herrera–Colonia Angamos en Loreto.

Esta obra, ejecutada por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y Provias Descentralizado, ha causado una considerable pérdida de bosque amazónico.

Una lucha impulsada por la justicia ambiental

Esta decisión legal es el resultado de una acción de amparo presentada en septiembre de 2021 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, y Pachamama Alliance Peru.

Su objetivo es proteger los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, que se encontraban amenazados por la construcción de esta carretera.

Incumplimiento de requisitos ambientales

Una de las principales razones detrás de esta medida es que el proyecto se llevó a cabo sin los estudios de impacto ambiental requeridos y sin un expediente técnico de ingeniería finalizado, violando así requisitos fundamentales para proyectos de esta naturaleza.

Además, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) señaló que el proyecto carecía del análisis de compatibilidad y de la opinión técnica favorable necesaria según la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Un proyecto sin base legal

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Provias Descentralizado y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) emitieron declaraciones oficiales en julio de 2021, concluyendo que la construcción del proyecto era ilegal.

Esto se sumó a la falta de certificación ambiental y a la ausencia de la autorización de desbosque, a pesar de que la carretera atravesaba áreas naturales protegidas.

Devastación ambiental evidente

La magnitud del daño ambiental se hizo evidente gracias a la comparación de imágenes satelitales, fotografías y videos obtenidos en un sobrevuelo aéreo realizado por el Instituto de Defensa Legal en septiembre de 2021.

Se estimó que se habían deforestado 40 kilómetros, representando el 80 % de la ruta planificada. Esto planteaba una seria amenaza para la biodiversidad, los ciclos hidrológicos y el clima, además de disminuir la capacidad de los ecosistemas para beneficiar a la humanidad.

En resumen, esta medida cautelar representa un paso importante hacia la protección del valioso bosque amazónico y los derechos de los pueblos indígenas. La justicia ambiental prevalece, y la suspensión de la construcción de esta carretera proporciona un respiro vital para la Amazonía.