Funcionarios de Redes Prestacionales Asistenciales en la Mira por Extender Alquiler de Estructura Médica en San Ignacio

Escándalo en Essalud Cajamarca: Prolongación de Contrato Hospitalario Sin Justificación

ESCÁNDALO EN ESSALUD CAJAMARCA: PROLONGACIÓN DE CONTRATO HOSPITALARIO SIN JUSTIFICACIÓN

Funcionarios de Redes Prestacionales Asistenciales en la Mira por Extender Alquiler de Estructura Médica en San Ignacio

Funcionarios de Redes Prestacionales Asistenciales en la Mira por Extender Alquiler de Estructura Médica en San Ignacio
Funcionarios de Redes Prestacionales Asistenciales en la Mira por Extender Alquiler de Estructura Médica en San Ignacio

Revelan Negligencia en el Servicio de Alquiler para Hospital Essalud en Cajamarca

Las autoridades de las Redes Prestacionales Asistenciales de Lambayeque y Jaén del Seguro Social (Essalud) enfrentan posibles consecuencias legales debido a la prolongación irregular de un contrato de alquiler de una estructura metálica del hospital temporal Covid-19 en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Este servicio se extendió por 14 meses adicionales sin justificación ni respaldo de necesidad.

La Irregularidad Detectada

Un informe de Control Específico, con el número 054-2023, emitido por la entidad de control, ha concluido que Gustavo Ganoza Tresierra, exgerente general de la Red Asistencial Lambayeque; William Trigoso Rojas, exdirector encargado de la Red Asistencial Jaén; y Alexander León Saavedra, exdirector del Centro de Atención Primaria (CAP) II San Ignacio, enfrentan responsabilidad civil y penal por esta irregularidad.

La Contraloría ha enviado un oficio al presidente ejecutivo de Essalud, César Oswaldo Linares Aguilar, instando a que se inicien acciones administrativas y penales contra estos exfuncionarios. Cabe destacar que Alexander León Saavedra ocupó este cargo hasta el 21 de febrero de 2023.

Esta no es la primera vez que Gustavo Ganoza y otros seis exfuncionarios de la Red Prestacional Lambayeque enfrentan acusaciones de irregularidades.

Ya habían sido señalados por presuntas irregularidades en la contratación directa del servicio de implementación de ambientes de almacenamiento de vacunas contra la Covid-19 en el hospital Tumán de Essalud, según el informe de control específico número 035-2022.

La Extensión No Justificada

El informe de la Contraloría indica que el contrato de alquiler de la estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal de San Ignacio finalizó el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, los funcionarios de las redes asistenciales de Lambayeque y Jaén permitieron su uso por 14 meses adicionales sin justificación.

El contrato se inició el 5 de octubre de 2020, cuando el Hospital Temporal San Ignacio estaba bajo la administración de la Red Asistencial Lambayeque. Posteriormente, el 26 de abril de 2021, se creó la Red Asistencial Jaén, que asumió la gestión del nosocomio temporal de San Ignacio.

Previamente, la Gerencia Central de Logística había realizado una contratación directa con la empresa Escarcena SAC para el alquiler de la estructura metálica por 74 días, por un monto de S/2.748.753, según la orden de compra número 4503661330 del 25 de noviembre de 2020.

La irregularidad se perpetuó entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de marzo de 2022, sin que las autoridades justificaran la necesidad de la extensión del contrato y sin contar con el requerimiento del área usuaria.

Responsabilidades Adicionales

Además de la prolongación injustificada del servicio, se señala a William Trigoso Rojas, exdirector encargado de la Red Asistencial Jaén, por no tramitar solicitudes de rotación y desvinculación del personal CAS Covid-19 entre julio y octubre de 2021, una inacción calificada por la Contraloría.

En un apartado del extenso informe, la Contraloría también identifica responsabilidades en la Gerencia Central de Logística, la Gerencia de Operaciones Territoriales y la Subgerencia de Operaciones Norte por no supervisar y controlar adecuadamente las redes prestacionales de Lambayeque y Jaén después de la culminación del contrato.

Este informe de control arroja luz sobre una situación que exige una investigación y acciones legales apropiadas para garantizar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y la atención médica.

 

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